Va desde el pronunciamiento de Sagunto de 1874 hasta la crisis definitiva del sistema en las primeras décadas del siglo veinte. Este periodo no debe entenderse como el regreso de una dinastía al trono, sino como un modelo de ingeniería política diseñado por Antonio Cánovas del Castillo para dotar al país de estabilidad que el siglo diecinueve, caracterizado por constantes algaradas militares y cambios constitucionales violentos, no había logrado alcanzar. La Restauración surge como una respuesta directa al fracaso del Sexenio Democrático y a la inestabilidad de la Primera República, buscando un punto medio entre el absolutismo caduco y el democratísimo radical que las élites económicas y sociales consideraban una amenaza para el orden y la propiedad.
La génesis de la Restauración se sitúa en la labor diplomática y política de Antonio Cánovas del Castillo durante los últimos años del Sexenio. Cánovas, un historiador y político conservador y pragmático, comprendió que el regreso de los Borbones solo sería viable si se presentaba bajo una fórmula renovada y alejada del exclusivismo político que había caracterizado el reinado de Isabel II. Para ello, trabajó intensamente en la figura del joven príncipe Alfonso, hijo de la reina exiliada, quien fue educado en centros europeos de prestigio como Viena y la academia militar británica de Sandhurst para imbuirlo de un espíritu constitucional y moderno.
El 1 de diciembre de 1874 se hizo público el Manifiesto de Sandhurst, un documento redactado por el propio Cánovas pero firmado por el príncipe Alfonso. En este texto, el futuro monarca se definía como un príncipe católico, español, constitucionalista y liberal, asegurando su deseo de ser rey de todos los españoles sin espíritu de revancha. El manifiesto presenta la monarquía como la única institución capaz de garantizar la paz y el progreso, integrando la tradición histórica con las necesidades de un Estado liberal. Aunque Cánovas prefiere una transición pacífica y civil, el general Martínez Campos se adelanta a los acontecimientos con su pronunciamiento en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, proclamando a Alfonso XII como rey de España. Este acto, aunque militar en su forma, fue aceptado por la burguesía y las élites ante el agotamiento del régimen de Serrano.
El sistema canovista se fundamenta en una serie de pilares básicos que buscan erradicar el intervencionismo militar en la vida civil y asegurar la alternancia pacífica en el poder. Cánovas se inspira en el modelo parlamentario británico, basado en la existencia de dos grandes partidos de notables que aceptan las reglas del juego y respetan la figura de la corona como árbitro de la nación. Esta estructura descansa sobre la idea de la constitución interna, una teoría que sostenía que España poseía unas instituciones históricas preexistentes a cualquier ley escrita: el Rey y las Cortes.
Para Cánovas, la soberanía no podía residir exclusivamente en la nación, como pretendían los liberales más radicales de 1869, sino que debía ser compartida entre el monarca y el parlamento. Esta visión doctrinaria otorga al rey funciones que iban más allá de lo puramente protocolario, dándole la potestad de nombrar y cesar gobiernos, así como de disolver las cámaras para convocar nuevas elecciones. La intención era que la corona actuara como una válvula de seguridad que permitiera el cambio de gobierno antes de que la presión social o política desembocara en una revolución.
La norma fundamental que rigió este periodo fue la Constitución de 1876, fruto de un compromiso entre las facciones del liberalismo español. Se trata de un texto breve, 89 artículos, que destaca por su ambigüedad intencionada. Esta elasticidad era necesaria para que el sistema funcionara; el texto permite interpretaciones restrictivas o amplias de los derechos según el partido que se encuentre en el gobierno, evitando así la necesidad de promulgar una nueva constitución con cada cambio de ciclo político.
La soberanía compartida se materializa en un poder legislativo bicameral. El Senado poseía un carácter profundamente conservador y elitista, compuesto por senadores por derecho propio (grandes de España, jerarquía eclesiástica y militar), senadores de nombramiento real y senadores elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Por otro lado, el Congreso de los Diputados era la cámara electiva, aunque su representatividad estuvo condicionada por el tipo de sufragio que se aplicara en cada momento. La constitución no definía el sistema electoral, lo que permitió que se pasara del sufragio censitario restringido al cinco por ciento de la población en 1878 al sufragio universal masculino en 1890 bajo gobierno liberal.
En materia religiosa, el artículo 11 establecía un Estado confesional católico, comprometiendo a la nación al sostenimiento del culto y el clero. No obstante, se permite la tolerancia para otras religiones siempre que su práctica sea privada y respete la moral cristiana. Este punto es fundamental para atraer al régimen a la jerarquía católica, que es carlista, y para lograr el reconocimiento del Vaticano hacia la monarquía alfonsina.
El funcionamiento del sistema requería la existencia de dos fuerzas políticas capaces de aglutinar a los sectores dominantes. El Partido Liberal Conservador, dirigido por Cánovas, fue la fuerza predominante en los inicios de la Restauración. Su base social estaba constituida por la aristocracia, los grandes propietarios rurales y el alto funcionariado. Su ideario se centra en la defensa del orden social, la propiedad privada, la confesionalidad católica y el proteccionismo económico para defender la industria y la agricultura nacionales de la competencia exterior.
Frente a ellos se configura el Partido Liberal Fusionista, liderado por Práxedes Mateo Sagasta a partir de 1880. Este partido integra a los sectores más avanzados del liberalismo que aceptan la monarquía de Alfonso XII. Su base social reside en las clases medias, los profesionales liberales y la burguesía industrial y comercial. Aunque comparten con los conservadores la defensa del sistema monárquico, los liberales abogan por la ampliación de las libertades civiles, el laicismo moderado, la libertad de cátedra y prensa, y el sufragio universal.
A pesar de sus diferencias teóricas, ambos partidos funcionan como partidos de notables, estructuras elitistas sin una base de masas real, cuya cohesión depende del liderazgo personal de sus jefes y de la capacidad de repartir beneficios desde el poder. Existe un pacto tácito por el cual ninguno de los dos partidos apruebe leyes que el otro se vea obligado a derogar al regresar al gobierno, garantizando así una continuidad institucional sin sobresaltos.
La estabilidad del sistema de turnos no se logra a través de la libre decisión de los votantes, sino mediante una sistemática manipulación de los resultados electorales. El proceso se invertía respecto a un sistema democrático real: primero se cambiaba el gobierno por decisión del rey y luego se fabricaba una mayoría parlamentaria para ese gobierno mediante elecciones amañadas.
El primer paso era el encasillado, llevado a cabo por el Ministerio de la Gobernación. El ministro asignaba los escaños que debían obtenerse en cada distrito, asegurando una amplia mayoría para el partido entrante, pero reservando también un espacio para la oposición dinástica y algunas minorías para mantener la apariencia de pluralismo. Esta lista se enviaba a los gobernadores civiles, quienes coordinaban la operación en cada provincia.
La ejecución final dependía del cacique local. El caciquismo era una forma de dominio social donde individuos poderosos en el ámbito rural controlaban el voto de sus clientes a través de una red de favores y coacciones. El cacique podía resolver trámites burocráticos, eximir a los hijos del servicio militar mediante el sorteo de quintas, repartir contribuciones o proporcionar empleos. Si estas influencias no bastaban, se recurría al pucherazo: manipulación del censo incluyendo a personas muertas (votos de lázaro), exclusión de votantes contrarios, falsificación de actas o el uso de matones para intimidar a los electores. Este sistema era efectivo en las zonas rurales analfabetas, que suponían el ochenta por ciento del electorado, mientras que en las ciudades existía una mayor abstención y un voto más libre que el régimen toleraba de forma minoritaria.
El periodo de 1875-1885 se caracterizó por la pacificación interior y exterior. Alfonso XII, apodado el Pacificador, asumió personalmente el mando del ejército para desvincularlo de las facciones políticas y profesionalizarlo. Bajo su mando se logró el fin de la Tercera Guerra Carlista en 1876, lo que permitió la abolición definitiva de los fueros vascos y navarros, aunque se mantuvieron ciertos conciertos económicos fiscales para evitar una mayor resistencia regional.
En el ámbito exterior, se puso fin a la Guerra de los Diez Años en Cuba mediante la Paz de Zanjón en 1878. Este acuerdo incluía promesas de reformas políticas, la abolición de la esclavitud (que se haría efectiva en 1886) y la representación cubana en las Cortes españolas. Sin embargo, el incumplimiento sistemático de estas promesas y el mantenimiento de un sistema colonial centralista y explotador fomentaron el resurgimiento del independentismo en la isla.
La temprana muerte del rey en 1885 a causa de la tuberculosis provocó una crisis de incertidumbre. Para evitar que la inestabilidad fuera aprovechada por republicanos o carlistas, Cánovas y Sagasta acordaron el Pacto del Pardo. En este pacto, el Partido Conservador cedió el gobierno a los liberales para que estos gestionaran la regencia de María Cristina de Habsburgo, quien estaba embarazada del futuro Alfonso XIII. Este acuerdo consolidó definitivamente el turnismo como el mecanismo de supervivencia de la monarquía.
Durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902), el sistema vivió su etapa de mayor esplendor legislativo, pero también el inicio de sus contradicciones más profundas. El Partido Liberal protagonizó el llamado Parlamento Largo entre 1885-1890, aprobando reformas que buscan modernizar el Estado y atraer a los sectores democráticos.
Entre estas medidas destacaron la Ley de Asociaciones de 1887, que permite el desarrollo legal del movimiento obrero y sindical; la introducción de los juicios por jurado en 1888 para democratizar la justicia; y la ya mencionada Ley del Sufragio Universal Masculino en 1890. Aunque estas reformas ampliaron el marco de libertades, el sistema de manipulación electoral se mantuvo intacto, lo que generó un creciente divorcio entre la legalidad formal y la realidad política. La corrupción administrativa y los escándalos políticos fueron minando la credibilidad de los partidos dinásticos ante una sociedad que comenzaba a movilizarse al margen de los canales oficiales.
El sistema canovista logró estabilidad excluyendo a amplias capas de la población, lo que generó el crecimiento de fuerzas políticas antagónicas fuera del marco dinástico. Los republicanos, tras el fracaso de 1873, se dividieron en múltiples facciones. Los posibilistas de Emilio Castelar terminaron integrándose en el Partido Liberal de Sagasta; los federalistas de Pi y Margall mantuvieron su influencia en Cataluña; y los progresistas de Ruiz Zorrilla apostaron por la insurrección militar desde el exilio. A pesar de su debilidad electoral debido al fraude, el republicanismo conservó una base sólida entre la intelectualidad, la pequeña burguesía urbana y los sectores profesionales.
El carlismo, debilitado por su derrota militar, sufrió la escisión integrista de Ramón Nocedal, quien fundó el Partido Tradicionalista en 1888, acusando al pretendiente Carlos VII de ser demasiado liberal. El carlismo se refugió en sus feudos de Navarra, las provincias vascas y el interior de Cataluña, defendiendo una visión ultracatólica y foralista de España totalmente opuesta al Estado liberal.
El movimiento obrero experimentó un crecimiento imparable durante la Restauración. El anarquismo, introducido por Giuseppe Fanelli, se convirtió en la corriente mayoritaria en el campo andaluz y la industria catalana. Su rechazo a la participación política lo llevó a dividirse entre la acción sindical colectivista y la estrategia del terrorismo individual o propaganda por el hecho. Atentados como el del Liceo de Barcelona o el asesinato de Cánovas en 1897 provocan una represión brutal del Estado, como se vio en los procesos de Montjuïc.
Por su parte, el socialismo marxista se organizó en torno al Partido Socialista Obrero Español (fundado en 1879 por Pablo Iglesias) y el sindicato Unión General de Trabajadores (1888). Los socialistas defendían la participación política para lograr mejoras inmediatas para la clase trabajadora, aunque su objetivo final fuera la conquista del poder y la abolición del capitalismo.
Como reacción al centralismo uniformador de la Restauración, surgieron con fuerza los movimientos nacionalistas y regionalistas en las periferias del Estado. En Cataluña, el movimiento se inició con la Renaixença, un renacimiento cultural y lingüístico que pronto adquirió tintes políticos. Valentí Almirall, con su obra España tal cual, denunció el falseamiento del sistema y reclamó la autonomía para Cataluña. En 1892, la Unió Catalanista aprobó las Bases de Manresa, que pedían la restauración de las instituciones históricas del Principado. Finalmente, la burguesía catalana fundó la Lliga Regionalista en 1901, un partido conservador y posibilista liderado por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó que buscaba la modernización de España desde el reconocimiento de la autonomía catalana.
En el País Vasco, el nacionalismo surgió de forma más radical tras la abolición de los fueros en 1876) y el impacto de la rápida industrialización vizcaína. Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco en 1895, articuló una ideología basada en la defensa de la raza vasca (frente a los inmigrantes o maketos), la religión católica y el independentismo radical expresado en el lema Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra (Dios y Ley Vieja). Arana idealizaba el mundo rural vasco tradicional frente a la corrupción moral que atribuía a la sociedad española.
El sistema de la Restauración se enfrentó a su crisis definitiva con el problema de las últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba era una colonia de enorme valor económico y estratégico, pero su gestión por parte de España fue desastrosa. La metrópoli se negó a conceder una autonomía real a la isla y mantuvo un sistema de aranceles proteccionistas que beneficiaba a los industriales catalanes y los trigueros castellanos, pero perjudicaba gravemente a los intereses comerciales cubanos, que dependían de la exportación de azúcar a los Estados Unidos.
En 1895 estalló la guerra de independencia cubana, liderada por José Martí y el Partido Revolucionario Cubano. España envió a la isla un contingente militar sin precedentes, pero fue incapaz de derrotar a la guerrilla. La política de reconcentración del general Weyler, que buscaba aislar a los insurgentes de su base social campesina, provocó una catástrofe humanitaria con cientos de miles de muertos por hambre y enfermedades, lo que fue aprovechado por la prensa de Estados Unidos para exigir la intervención humanitaria.
El hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898 sirvió de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España. El conflicto fue breve y desigual; la armada española fue aniquilada en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba por una flota americana tecnológicamente superior. Por el Tratado de París de diciembre de 1898, España renunció a Cuba y cedió Puerto Rico, Filipinas y Guam a los Estados Unidos a cambio de veinte millones de dólares. Las últimas islas en el Pacífico fueron vendidas a Alemania al año siguiente.
La pérdida de las colonias fue vivida en España como un desastre nacional que puso de relieve la decadencia del país y el agotamiento del sistema de la Restauración. Se produjo una profunda crisis moral e ideológica que afectó a todas las capas de la sociedad. Surgió entonces el regeneracionismo, un movimiento intelectual que criticaba los vicios de la política canovista y proponía una reforma radical de la nación para sacarla de su atraso.
Joaquín Costa fue el máximo exponente de esta corriente. En su obra Oligarquía y caciquismo (1901), diagnosticó que el mal de España residía en un sistema político ficticio controlado por una minoría de caciques y oligarcas que impedían la modernización del país. Costa propugnaba la educación del pueblo y el fomento de la riqueza nacional a través de obras hidráulicas y la modernización agraria, bajo el lema de escuela y despensa. Asimismo, reclamó la intervención de un cirujano de hierro, un líder con autoridad suficiente para desmantelar la red caciquil y aplicar las reformas necesarias desde el Estado.
Paralelamente, la Generación del 98, un grupo de escritores entre los que destacan Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín, reflexionan sobre el ser de España y buscan en la tradición castellana y en la literatura las claves para una regeneración nacional. A pesar de este efervescencia intelectual, el sistema político de la Restauración demostró una sorprendente capacidad de supervivencia, logrando mantenerse en pie bajo el reinado de Alfonso XIII, aunque cada vez más cuestionado y alejado de la realidad de una España que despertaba al siglo XX.
Durante el último cuarto del XIX, España experimentó un proceso de modernización económica desigual y lento pero constante. La población pasó de unos 16000000 en 1877 a 18000000 en 1900, aunque con altas tasas de mortalidad y una esperanza de vida muy inferior a la europea debido a las deficientes condiciones sanitarias. El país seguía siendo agrario, con una estructura de propiedad marcada por el latifundismo en el sur y el minifundismo en el norte, lo que provocaba una enorme miseria campesina y una emigración masiva hacia América y hacia los centros industriales nacientes.
La industrialización se concentró en dos focos principales: Cataluña, con la industria textil que se benefició del mercado colonial cubano y del proteccionismo arancelario; y el País Vasco, donde la minería del hierro y la siderurgia se desarrollaron gracias a las exportaciones a Gran Bretaña. Este desarrollo industrial provocó el crecimiento de las ciudades y la aparición de un proletariado urbano que comenzó a organizarse políticamente, desafiando el orden social establecido por la oligarquía de la Restauración.
El sector financiero también vivió un auge significativo, especialmente tras la crisis de 1898, cuando la repatriación de capitales de las antiguas colonias permitió la creación de grandes bancos y empresas industriales. Sin embargo, la persistencia del analfabetismo (que afectaba a más del 70% de la población) y la falta de infraestructuras básicas en gran parte del territorio nacional siguieron siendo los grandes obstáculos para una convergencia con el resto de Europa.
Conclusión, el balance de la primera etapa de la Restauración es ambivalente. El sistema canovista logró dotar a España de una estabilidad política sin precedentes, terminando con la inestabilidad del Sexenio y la intervención constante de los generales en los asuntos de gobierno. La Constitución de 1876 proporcionó un marco jurídico flexible que permitió la convivencia pacífica de las élites liberales y conservadoras durante 25 años.
No obstante, esta paz social se compró al precio de la exclusión política de la mayoría de la población y de la institucionalización de la corrupción electoral. El caciquismo y el fraude vaciaron de contenido real las instituciones democráticas, convirtiendo el parlamento en un escenario de intereses oligárquicos ajeno a las necesidades reales del pueblo español. La crisis de 1898 no fue solo una derrota militar, sino el estallido de todas las contradicciones de un sistema que se negaba a reformarse. Aunque el régimen sobrevivió al desastre, las semillas del cambio estaban plantadas: el auge de los nacionalismos, la fuerza creciente del movimiento obrero y el clamor regeneracionista marcarían la agenda política de un siglo veinte que se iniciaba con la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902, en un escenario de crisis latente que termina por derribar el edificio canovista décadas más tarde.
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