La transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal en España constituye un proceso complejo, dilatado y, en gran medida, traumático, que ocupa la mayor parte del siglo XIX. El periodo comprendido entre 1833 y 1868, que abarca la minoría de edad de Isabel II bajo las regencias de María Cristina de Borbón y el general Baldomero Espartero, así como su reinado efectivo, representa la fase decisiva de este cambio estructural. Este tránsito no se limitó a una mera alternancia de élites en el poder, sino que supuso el desmantelamiento de las instituciones absolutistas, la reconfiguración de la propiedad agraria a través de las desamortizaciones y la instauración de un marco constitucional que, aunque inestable, sentó las bases de la España moderna. El análisis de este periodo exige una comprensión profunda de la dialéctica entre la resistencia tradicionalista, encarnada en el carlismo, y las diversas corrientes del liberalismo, cuya fragmentación y dependencia del estamento militar marcaron la fisonomía de la política isabelina.
La muerte de Fernando VII en septiembre de 1833 no solo dejó un vacío de poder, sino que activó un conflicto dinástico que escondía una fractura ideológica y social de gran magnitud. La publicación de la Pragmática Sanción en 1830, que derogaba la Ley Sálica y permitía la sucesión femenina, desplazó al infante don Carlos María Isidro en favor de la futura Isabel II. Este hecho fue el catalizador de la Primera Guerra Carlista, una contienda civil de siete años que enfrentó a los defensores del absolutismo y la tradición foral contra los partidarios de un liberalismo que, por necesidad de supervivencia, debió agruparse en torno a la regente María Cristina.
El carlismo no fue un fenómeno puramente dinástico, sino un movimiento político con raíces en la resistencia antiliberal de la década de 1820, heredero de las revueltas de los «Malcontents» o agraviados. Su programa ideológico, sintetizado en el lema «Dios, Patria y Fueros», defendía la monarquía absoluta de derecho divino, la preeminencia social de la Iglesia católica y la conservación del sistema foral particularista frente a la uniformización liberal. Los fueros, entendidos como estatutos jurídicos locales que regulaban la vida municipal y provincial con exenciones fiscales y militares, se convirtieron en el estandarte de las regiones del norte peninsular frente al centralismo de Madrid.
La base social del carlismo se nutrió de sectores que percibían el liberalismo como una amenaza a su modo de vida tradicional. Incluía a la pequeña nobleza rural, a un sector mayoritario del clero (especialmente el regular, temeroso de la expropiación de sus bienes) y, sobre todo, a un campesinado pobre y a artesanos arruinados que desconfiaban de las reformas agrarias y del libre mercado. Estos grupos temían que la desaparición del Antiguo Régimen supusiera el fin de las tierras comunales y el aumento de la presión fiscal. Geográficamente, el carlismo logró un seguimiento masivo en las zonas rurales del País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y parte de Cataluña.
Por el contrario, el bando isabelino o cristino, aunque inicialmente compuesto por absolutistas moderados, se vio obligado a buscar el apoyo de los liberales para ensanchar su base social. Este bando concentró sus apoyos en las grandes ciudades, la alta nobleza, la burguesía de negocios, los funcionarios estatales y la cúpula del ejército regular.
| Característica | Bando Carlista | Bando Isabelino (Cristino) |
| Pretendiente | Carlos María Isidro | Isabel II (Regencia de Mª Cristina) |
| Ideología | Tradicionalismo, Absolutismo, Foralismo | Liberalismo, Centralismo, Constitucionalismo |
| Apoyo Social | Pequeño campesinado, bajo clero, nobleza rural | Alta burguesía, ejército, funcionarios, ciudades |
| Áreas Geográficas | Navarra, País Vasco, Maestrazgo, Cataluña rural | Grandes urbes, Madrid, áreas litorales |
| Apoyo Internacional | Rusia, Prusia, Austria | Gran Bretaña, Francia, Portugal |
La guerra se desarrolló de forma desigual, marcada por el sistema de guerrillas inicial del bando carlista, dada su carencia de un ejército regular al comienzo de las hostilidades. Internacionalmente, el conflicto se insertó en la dialéctica europea entre las potencias absolutistas (Rusia, Prusia, Austria), que enviaron ayuda económica y armamentística a don Carlos, y las potencias liberales firmantes de la Cuádruple Alianza (Gran Bretaña, Francia, Portugal), que apoyaron a la Regente.
La primera etapa (1833-1835) estuvo dominada por la ofensiva carlista en el norte. El general Tomás de Zumalacárregui logró organizar un ejército eficiente que conquistó plazas como Tolosa, Durango y Éibar, aunque fracasó en la toma estratégica de Bilbao, donde el general falleció en 1835. En el este, el general Ramón Cabrera, «el Tigre del Maestrazgo», consolidó un foco de resistencia en el Bajo Aragón y Valencia.
La segunda fase (1835-1837) se caracterizó por las expediciones carlistas. Ante la imposibilidad de romper el cerco del norte, los carlistas intentaron exportar la guerra a otras regiones. Destaca la Expedición Real de 1837, liderada por el propio don Carlos, que llegó a las puertas de Madrid pero se retiró sin atacar la capital, lo que supuso un golpe moral definitivo para su causa. La balanza comenzó a inclinarse hacia el bando liberal tras la victoria del general Baldomero Espartero en la batalla de Luchana (1836), que liberó definitivamente Bilbao.
La tercera etapa (1837-1840) presenció la división interna del carlismo entre los «apostólicos» (intransigentes) y los «transaccionistas» (partidarios de un pacto). Rafael Maroto, jefe de los transaccionistas, acordó con Espartero el Convenio de Vergara en 1839. Este acuerdo incluía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Aunque Cabrera resistió en el Maestrazgo un año más, la guerra terminó formalmente en 1840, consolidando el dominio liberal.
El establecimiento del régimen liberal en España no fue el resultado de una revolución burguesa clásica al estilo francés, sino un proceso mediado por la guerra y la debilidad de las clases medias. La necesidad de la Regente de contar con el apoyo liberal frente al carlismo forzó la concesión de reformas políticas cada vez más profundas. Este contexto favoreció un modelo de «revolución desde arriba» donde el ejército actuó como el principal árbitro político y motor de los cambios a través del pronunciamiento.
Durante la Regencia de María Cristina, los liberales se dividieron en dos grandes tendencias que marcarían la política española durante décadas: el Partido Moderado y el Partido Progresista.
Los Moderados, representados por figuras como Martínez de la Rosa y posteriormente el general Narváez, defendían el liberalismo doctrinario. Su programa se basaba en la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, el robustecimiento de las prerrogativas reales, un sufragio censitario muy restringido (limitado a los grandes propietarios y capacidades) y una centralización administrativa férrea. Socialmente, contaban con el apoyo de la aristocracia, los terratenientes y la alta burguesía financiera, buscando siempre el «orden» por encima de la libertad.
Los Progresistas, liderados por Espartero, Mendizábal y Prim, eran los herederos de los exaltados del Trienio Liberal. Reclamaban la soberanía nacional residiendo exclusivamente en las Cortes, la limitación del poder real, la ampliación del sufragio (aunque todavía censitario), la autonomía municipal y la restauración de la Milicia Nacional como cuerpo armado ciudadano. Su base social residía en las clases medias urbanas, artesanos, tenderos y empleados, y eran partidarios de medidas económicas radicales como la desamortización.
| Aspecto | Partido Moderado | Partido Progresista |
| Soberanía | Compartida (Rey y Cortes) | Nacional |
| Sufragio | Censitario muy restringido | Censitario más amplio |
| Poder Real | Amplias prerrogativas, veto absoluto | Limitado por las Cortes |
| Administración | Centralismo, alcaldes de designación real | Autonomía local, alcaldes electos |
| Cuerpo Armado | Guardia Civil (orden público) | Milicia Nacional (defensa del liberalismo) |
| Base Social | Aristocracia, alta burguesía | Clases medias, pequeña burguesía |
El marco legal del nuevo régimen evolucionó desde la cautela moderada hacia el consenso parlamentario. El primer gran instrumento fue el Estatuto Real de 1834, promulgado por Martínez de la Rosa. No era una constitución propiamente dicha, sino una Carta Otorgada que no reconocía la soberanía nacional. El Estatuto establecía unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores) con funciones puramente consultivas y legislativas limitadas por la voluntad real. Su carácter incompleto y la ausencia de una declaración de derechos fundamentales lo convirtieron en una solución de compromiso que pronto se vio superada por las aspiraciones progresistas.
La presión de las juntas revolucionarias y el Motín de los Sargentos de La Granja en agosto de 1836 obligaron a la Regente a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por José María Calatrava. Sin embargo, consciente de que el texto gaditano era demasiado radical para la época, el nuevo gobierno convocó Cortes para reformarlo, dando lugar a la Constitución de 1837.
La Constitución de 1837 fue un texto de consenso que buscaba la estabilidad. Aunque reconocía la soberanía nacional (mencionada en el preámbulo) y contenía una amplia declaración de derechos individuales (libertad de imprenta, propiedad, igualdad ante la ley), hacía importantes concesiones a los moderados: el Rey mantenía el veto ilimitado de las leyes y la facultad de disolver las Cortes, y se establecía un sistema bicameral con un Senado de designación real. Bajo este marco constitucional se emprendieron reformas económicas trascendentales, como la Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836), que puso a la venta los bienes del clero regular para financiar la guerra y sanear la deuda pública, alterando definitivamente la estructura de la propiedad en España.
Tras la aprobación de la Constitución de 1837, se inició un periodo de predominio moderado (1837-1840) apoyado por la Regente María Cristina. La inestabilidad política fue constante, con sucesivos cambios de gabinete y una creciente tensión por el intento moderado de reformar la Ley de Ayuntamientos para suprimir la elección popular de los alcaldes. Esta medida fue el detonante de una nueva oleada revolucionaria en 1840, organizada a través de juntas locales en las principales ciudades. María Cristina, incapaz de controlar la situación y enfrentada al general Espartero, renunció a la regencia y se exilió en Francia.
Baldomero Espartero, el héroe de la guerra carlista, asumió la regencia convertido en el referente máximo del progresismo. Su mandato se caracterizó por un marcado autoritarismo y un estilo de gobierno basado en el caudillismo militar, rodeándose de una camarilla de oficiales de su confianza (los «ayacuchos»). Aunque continuó con las reformas liberales —como la aceleración de las desamortizaciones y la nacionalización del diezmo—, su política económica librecambista le granjeó la enemistad de la burguesía textil catalana.
En 1842, una revuelta en Barcelona contra sus medidas económicas fue reprimida brutalmente mediante el bombardeo de la ciudad desde el castillo de Montjuic, lo que hundió su popularidad y dividió al partido progresista. La oposición se articuló en una gran coalición que incluía a moderados, carlistas y progresistas desencantados. Un alzamiento militar en 1843, liderado por el general Narváez, forzó la caída de Espartero y su marcha al exilio en Londres. Para evitar una nueva regencia, las Cortes acordaron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, quien comenzó su reinado efectivo con apenas trece años.
El acceso al trono de Isabel II marcó el inicio de un largo periodo de predominio del Partido Moderado, personificado en la figura del general Ramón María Narváez. Durante esta década, los moderados construyeron un Estado liberal conservador y centralizado, ajustado a los intereses de la oligarquía agraria y financiera.
La pieza angular de este periodo fue la Constitución de 1845, una reforma de la del 37 que eliminó cualquier rastro de soberanía nacional en favor de la soberanía compartida entre la Reina y las Cortes. Se robustecieron los poderes de la Corona (nombramiento de ministros, disolución de cámaras, iniciativa legislativa) y se transformó el Senado en una cámara vitalicia de designación real cerrada a las élites sociales. Además, la ley electoral de 1846 redujo el cuerpo electoral a menos del 1% de la población, consolidando el régimen del sufragio censitario extremo.
La obra legislativa moderada fue ingente y transformadora:
- Creación de la Guardia Civil (1844): Fundada por el Duque de Ahumada para garantizar el orden público y la protección de la propiedad privada, especialmente en las zonas rurales, sustituyendo a la Milicia Nacional.
- Reforma Fiscal de Mon-Santillán (1845): Modernización del sistema tributario mediante la unificación de impuestos y la creación de contribuciones directas (inmuebles, industria) e indirectas (los «consumos»), sentando las bases de la hacienda pública moderna.
- Centralización Administrativa: Se reforzó el papel de los gobernadores civiles y se eliminó el carácter electivo de los alcaldes en las capitales de provincia, que pasaron a ser nombrados por la Corona.
- Concordato de 1851: Firma de un tratado con la Santa Sede que normalizó las relaciones con la Iglesia tras la ruptura por las desamortizaciones. El Estado reconoció la unidad católica y la confesionalidad de España, comprometiéndose al mantenimiento del clero, mientras que el Vaticano aceptó las ventas de bienes ya realizadas.
- Mejoras en Educación y Legislación: Promulgación del Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857), el primer gran sistema educativo nacional; aprobación del Código Penal de 1848 y las bases del Código Civil.
El agotamiento del régimen moderado, salpicado por escándalos de corrupción y autoritarismo (especialmente bajo el gobierno de Bravo Murillo), provocó la Revolución de 1854. El pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro («la Vicalvarada»), apoyado por el Manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas del Castillo, forzó a la Reina a llamar de nuevo a Espartero al poder.
Durante estos dos años, los progresistas intentaron recuperar el pulso de las reformas radicales. Se redactó una nueva constitución (la «non nata» de 1856) que recuperaba la soberanía nacional y la Milicia Nacional, pero que nunca llegó a promulgarse. Las medidas más duraderas fueron de carácter económico:
- Desamortización de Madoz (1855): A diferencia de la de Mendizábal, fue una «desamortización general» que afectó a los bienes de la Iglesia que aún no se habían vendido y, sobre todo, a los bienes de los ayuntamientos (propios y comunes). Su objetivo era obtener ingresos para financiar las obras públicas y el ferrocarril.
- Ley General de Ferrocarriles (1855): Impulsó la construcción de la red ferroviaria mediante incentivos a la inversión extranjera (principalmente francesa e inglesa), lo que permitió la llegada de grandes financieros como los Rothschild y los Pereire.
La inestabilidad social y la ruptura entre Espartero y O’Donnell pusieron fin al bienio. Leopoldo O’Donnell fundó la Unión Liberal, un partido de centro pragmático que buscaba agrupar a los sectores moderados del progresismo y a los más liberales del moderantismo. Su «gobierno largo» (1858-1863) coincidió con una fase de expansión económica y estabilidad política.
En política exterior, O’Donnell buscó recuperar el prestigio internacional mediante una serie de expediciones militares de carácter nacionalista: la Guerra de África (1859-1860) contra Marruecos, las intervenciones en Cochinchina junto a Francia, la participación en México y la reincorporación temporal de Santo Domingo. Aunque despertaron un efímero entusiasmo patriótico, estas acciones no reportaron beneficios territoriales o económicos sustanciales para el país.
A partir de 1863, el sistema entró en una crisis terminal. La Reina, cada vez más influenciada por camarillas ultramontanas y autoritarias, se negó a permitir la alternancia política, lo que empujó a progresistas y demócratas al «retraimiento» (negativa a participar en el sistema) y a la conspiración. La crisis financiera de 1866 —el estallido de la burbuja ferroviaria—, unida a una grave crisis de subsistencias y al fallecimiento de los principales líderes (Narváez y O’Donnell), dejó a la monarquía sin apoyos. El Pacto de Ostende (1866) entre progresistas, demócratas y unionistas selló el destino de Isabel II, culminando en la Revolución de 1868 («La Gloriosa»), que forzó su exilio y puso fin a la construcción del Estado liberal isabelino.
La sociedad del reinado de Isabel II vivió la transición de la estructura estamental a la de clases, un proceso marcado por la consolidación de una nueva oligarquía y el surgimiento de la conciencia obrera.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado liberal fueron uno de los ejes de mayor tensión. Tras la ruptura total durante las desamortizaciones de Mendizábal, que supusieron la disolución de las órdenes religiosas y la expropiación de sus bienes, el moderantismo buscó la reconciliación. El Concordato de 1851 fue el instrumento que permitió normalizar la situación, otorgando a la Iglesia un control casi total sobre la enseñanza y la censura de libros a cambio de la aceptación del nuevo orden de propiedad. Sin embargo, la monarquía siguió bajo la influencia de figuras religiosas carismáticas y reaccionarias, lo que aumentó su impopularidad entre los sectores liberales avanzados.
El ejército desempeñó un papel político hipertrofiado, fruto de su protagonismo en las guerras carlistas y de la debilidad de las instituciones civiles. Los principales partidos políticos estaban dirigidos por generales (Narváez para los moderados, Espartero para los progresistas, O’Donnell para los unionistas), lo que convertía los cambios de gobierno en una sucesión de pronunciamientos. La Guardia Civil se consolidó como el instrumento de control social de la oligarquía en el campo, mientras que el ejército regular intervenía ante cualquier amenaza al orden en las ciudades.
La lenta pero progresiva industrialización, especialmente en Cataluña, generó el nacimiento del proletariado moderno. Las primeras manifestaciones de protesta fueron de carácter ludista (contra la maquinaria, como las «selfactinas») y por el derecho de asociación. El hito fundamental fue la Huelga General de 1855 en Barcelona durante el Bienio Progresista, considerada la primera de España. Motivada por la prohibición de las asociaciones obreras y la mecanización que generaba paro, la huelga fue duramente reprimida por el ejército, lo que provocó el alejamiento definitivo de las clases trabajadoras de los partidos liberales y el inicio de su deriva hacia el republicanismo y el socialismo utópico.
| Hito del Movimiento Obrero | Fecha | Significado |
| Primeras acciones en Barcelona | 1823 | Saqueos de almacenes y protestas gremiales. |
| Confederación «Unión de Clases» | 1854 | Primera gran plataforma asociativa obrera. |
| Huelga General de Barcelona | 1855 | Reclamación de jornada de 10h y derecho de sindicación. |
| Fundación del Partido Demócrata | 1849 | Primer canal político para el sufragio universal. |
| Prohibición de asociaciones | 1857 | Retorno a la clandestinidad durante el moderantismo. |
En conclusión, el reinado de Isabel II fue el laboratorio donde se ensayó, no sin violencia e inestabilidad, la arquitectura del Estado liberal español. La incapacidad de las élites para integrar a las clases populares y la resistencia de los «obstáculos tradicionales» (la Corona y la Iglesia) impidieron una consolidación democrática, dejando una herencia de intervencionismo militar y fractura social que marcaría el devenir de España hasta bien entrado el siglo XX.
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