La transición hacia la madurez del Estado moderno durante el siglo XVII se vio definida por una profunda reconfiguración de las estructuras de poder, donde el absolutismo emergió como la práctica política predominante, sustentada por una evolución intelectual que desplazó las justificaciones teológicas tradicionales en favor del Derecho natural y el contrato social.
Este proceso no fue uniforme ni estuvo exento de resistencias, pues el pensamiento político de la época se movió en una constante tensión entre la necesidad de orden, la exaltación del individuo y la búsqueda de límites a la autoridad soberana.
Las aportaciones fundamentales de la teoría política en esta centuria giraron en torno a la consideración del individuo como punto de partida de toda argumentación, un cambio de paradigma que permitió tanto la justificación del poder absoluto como el nacimiento de las bases del constitucionalismo liberal.
En este contexto, la filosofía política comenzó a liberarse gradualmente de la teología, concibiendo los hechos sociales como fenómenos naturales susceptibles de ser analizados mediante la observación lógica y la deducción racional, procedimientos en los que la revelación divina dejó de desempeñar un papel determinante.
Uno de los precedentes más significativos de esta corriente fue Johannes Althusius, quien en su obra Politica Methodice Digesta de 1603, planteó una teoría de la asociación basada en la naturaleza humana sin recurrir a explicaciones teológicas, distinguiendo cinco niveles progresivos de complejidad social: la familia, la corporación voluntaria o collegium, la comunidad local, la provincia y el Estado.
Para Althusius, el Estado surgía de la asociación de provincias y comunidades, diferenciándose por la existencia de una majestas o poder soberano que residía necesariamente en el pueblo como cuerpo y era inalienable, lo que implicaba que el poder revertía a la comunidad si el gobernante lo perdía.
Esta visión, aunque vinculada al calvinismo y al Decálogo, sentó las bases de la soberanía popular y el federalismo moderno, independizando la autoridad de toda sanción religiosa inmediata.
La separación completa entre el Derecho natural y la religión fue consolidada por Hugo Grocio, quien partiendo del racionalismo, definió el Derecho natural como un dictado de la recta razón que mantendría su validez incluso en la hipótesis de que Dios no existiera.
Grocio identificó lo natural con lo racional, pretendiendo convertir el Derecho en una ciencia deductiva basada en axiomas morales evidentes, de la misma forma que Galileo estaba revolucionando la física. Sus obras, como Mare Liberum y De jure belli ac pacis, no solo defendieron la libertad de los mares frente a los monopolios ibéricos, sino que establecieron los fundamentos del Derecho internacional moderno.
| Teoría del Contrato Social | Visión del Estado de Naturaleza | Rol del Soberano | Titularidad de la Soberanía |
| Thomas Hobbes | Guerra de todos contra todos, caos y egoísmo | Poder absoluto, invencible e irrevocable | El soberano (Leviatán) |
| John Locke | Paz relativa e insegura, derechos naturales preexistentes | Monarquía subordinada al Parlamento | El pueblo (delegada) |
| Johannes Althusius | Asociación natural y necesaria del ser humano | Administrador de la ley común | El pueblo como cuerpo |
| Samuel Pufendorf | Paz débil que requiere protección del Estado | Persona moral que suma voluntades | El Estado como ente legal |
El pensamiento absolutista alcanzó su máxima expresión teórica con Thomas Hobbes, quien en De Cive y Leviathan defendió un poder soberano ajeno a consideraciones éticas o religiosas, fundamentado exclusivamente en el utilitarismo y el miedo al caos. Hobbes, influido por el horror de la guerra civil inglesa, describió el estado de naturaleza como una situación de homo homini lupus, donde la competencia por los recursos y la gloria conducía a una guerra de todos contra todos.
La única salida para garantizar la seguridad era la entrega total y definitiva de los derechos individuales a un individuo o asamblea, creando un cuerpo artificial o Estado cuya voluntad sustituía a la de los súbditos.
Por el contrario, autores como Bossuet mantuvieron la defensa del absolutismo desde una perspectiva providencialista, sosteniendo que el trono regio no era el de un hombre, sino el de Dios mismo, llevando al extremo la vieja teoría del Derecho divino de los reyes.
Frente a estas posturas, John Locke propuso un modelo de monarquía limitada subordinada al poder civil representado por el Parlamento, argumentando que los hombres no crean el Estado para anular sus derechos naturales, sino para salvaguardarlos, incluyendo la vida, la libertad y la propiedad. Locke legitimó el derecho de resistencia y rebelión en casos de abuso de poder, influyendo decisivamente en las revoluciones posteriores.
| Gestión Financiera en Francia | Medidas Principales | Resultados | Colaborador Clave |
| Reinado de Enrique IV | Edicto de la Paulette, reducción de rentas, mercantilismo | Duplicación de ingresos reales | Duque de Sully |
| Gobierno de Richelieu | Incremento de la taille, venta de oficios, intendentes | Financiamiento de la guerra exterior | Cardenal Richelieu |
| Reinado de Luis XIV | Colbertismo, impuestos indirectos, aduanas interiores | Presupuesto equilibrado inicial | Jean-Baptiste Colbert |
| Crisis Final (1695-1710) | Capitación, impuesto de la décima | Agotamiento económico y deuda | Pontchartrain/Desmarets |
En la práctica política, el absolutismo se definió como la situación en la que el monarca se situaba por encima de la ley positiva, bajo la fórmula Princeps legibus solutus est, aunque seguía condicionado por la ley divina y el Derecho natural.
Los tratadistas establecieron límites teóricos como el respeto a la propiedad privada y las leyes fundamentales del reino relativas a la sucesión o la religión, pero el avance de la tendencia absolutista en Europa fue innegable, encontrando su máximo exponente en la Francia del siglo XVII.
El ascenso de Enrique IV tras las guerras de religión marcó el inicio de la reconstrucción francesa, centrada en la pacificación interior, el reforzamiento de la autoridad real frente a la aristocracia y una política exterior ambiciosa frente a España.
Con la colaboración del duque de Sully, se sanearon las finanzas reales y se introdujo la Paulette en 1604, procedimiento que convirtió los cargos administrativos en hereditarios a cambio de un pago anual, asegurando la lealtad de la noblesse de robe y aumentando los ingresos de la corona.
El Edicto de Nantes de 1598 fue la pieza clave de la estabilidad religiosa, otorgando a los hugonotes libertad de conciencia y plazas de seguridad, aunque su aplicación fue tensionando la relación entre el Estado y la minoría protestante.
El asesinato de Enrique IV en 1610 dio paso a la minoría de Luis XIII y a la regencia de María de Médici, periodo caracterizado por la inestabilidad nobiliaria y el acercamiento a España. La llegada del cardenal Richelieu al poder en 1624 transformó la monarquía francesa, dividiendo su gestión en dos etapas: una de asentamiento hasta 1630 y otra marcada por la guerra abierta contra los Habsburgo y el fortalecimiento autoritario. Richelieu sometió a los hugonotes tras el asedio de La Rochelle en 1628, anulando sus privilegios políticos y militares mediante el edicto de Gracia de Alès de 1629, aunque manteniendo la tolerancia religiosa.
Para controlar las provincias, generalizó la figura de los intendentes, comisarios reales con amplios poderes en justicia, policía y finanzas que desplazaron a los gobernadores aristocráticos. La política de Richelieu enfrentó constantes conspiraciones de la alta nobleza, como las lideradas por Gaston de Orléans, y revueltas populares motivadas por el incremento masivo de la taille y otros gravámenes necesarios para sufragar la Guerra de los Treinta Años.
Tras la muerte de Richelieu y Luis XIII, la minoría de Luis XIV y el gobierno del cardenal Mazarino desencadenaron la Fronda entre 1648 y 1653, una serie de levantamientos heterogéneos que pusieron en jaque el absolutismo. La Fronda parlamentaria inicial buscó imitar el papel político del Parlamento inglés, exigiendo el control sobre los impuestos y la supresión de los intendentes.
La detención de Pierre Broussel provocó el levantamiento de barricadas en París, obligando a la corte a huir temporalmente. Las etapas posteriores, marcadas por la ambición de los príncipes de la sangre como Condé y la intervención de potencias extranjeras, terminaron por fracasar debido a las divisiones internas entre los rebeldes y el deseo de orden de la burguesía y el pueblo. El triunfo de Mazarino consolidó la autoridad real, preparando el terreno para el reinado personal de Luis XIV a partir de 1661.
| Etapa de la Fronda | Protagonista Principal | Objetivo | Resultado |
| Fronda Parlamentaria | Parlamento de París | Limitar el poder real y fiscal | Paz de Rueil y perdón general |
| Fronda de los Príncipes | Gran Condé | Poder político aristocrático | Captura y exilio de Condé |
| Unión de las Frondas | Alianza Parlamento-Nobleza | Destitución definitiva de Mazarino | Ruptura interna de la alianza |
| Fronda de Condé | Condé y tropas españolas | Cambio de régimen dinástico | Entrada triunfal de Luis XIV en París |
Luis XIV, el Rey Sol, personificó el absolutismo monárquico al asumir personalmente todas las decisiones de gobierno, auxiliado por un sistema de consejos especializados como el Conseil d’en haut, del que excluyó a la alta nobleza y a su propia familia. El monarca se rodeó de ministros eficaces de origen burgués o recientemente ennoblecidos, como Colbert para las finanzas y Louvois para la guerra, asegurando una lealtad absoluta basada en el ascenso social que él mismo controlaba. La corte de Versalles se convirtió en el instrumento definitivo de domesticación de la nobleza, obligando a los grandes señores a abandonar sus bases de poder territoriales para competir por favores reales en un complejo ritual de etiqueta. En el ámbito económico, Colbert implementó un mercantilismo estricto, fomentando las manufacturas reales y las compañías de comercio, mientras que en el terreno legislativo se redactaron grandes ordenanzas para unificar el derecho civil, criminal, mercantil y marítimo.
La política de unificación nacional de Luis XIV incluyó la imposición del galicanismo, limitando la jurisdicción papal en Francia, y alcanzó su punto más polémico con la revocación del Edicto de Nantes en 1685 mediante el Edicto de Fontainebleau. La eliminación del protestantismo francés buscaba la unidad de fe como pilar del poder real, pero provocó el exilio de miles de hugonotes que llevaron consigo capital y conocimientos técnicos a países enemigos, además de alimentar una intensa propaganda antiabsolutista en Europa.
En el ámbito militar, las reformas de Louvois y las innovaciones de Vauban en fortificación y asedio permitieron a Francia alcanzar fronteras más defendibles y una hegemonía territorial sin precedentes, aunque a costa de un esfuerzo bélico constante que agotó los recursos del reino.
El final del reinado estuvo marcado por grandes crisis económicas, hambrunas como la de 1693-1694 y revueltas campesinas como la de los Bonnets rouges en 1675, motivada por la introducción de tasas sobre el papel sellado en Bretaña. Pese a estos desafíos, la construcción de la hegemonía francesa bajo el modelo absoluto dejó una huella indeleble en la organización del Estado moderno, influyendo en todas las monarquías europeas del siglo siguiente.
La arquitectura administrativa de Luis XIV se fundamentaba en una red de informadores y agentes policiales coordinados por los intendentes, quienes se convirtieron en cargos permanentes en cada generalidad, asumiendo competencias sobre reclutamiento militar, orden público y justicia.
Esta centralización se complementó con el uso de la prensa oficial, como la Gazette, y de instituciones culturales como la Académie française para ligar el prestigio de las letras al poder soberano.
Sin embargo, el absolutismo francés nunca fue una tiranía irracional, pues seguía sujeto a leyes fundamentales y encontraba límites en la conciencia del monarca y en las resistencias persistentes de parlamentos y cuerpos privilegiados que, aunque silenciados, mantenían una crítica latente que eclosionaría en la centuria posterior.
El sistema fiscal, aunque reformado por Colbert para favorecer los impuestos indirectos, terminó recurriendo a expedientes extraordinarios y a la creación de gravámenes como la capitación en 1695, evidenciando que incluso el poder absoluto tenía un límite en la capacidad de resistencia económica de sus súbditos.
El legado del siglo XVII en materia de doctrina política fue la transición de la justificación divina a la racionalista. Si Bossuet y Filmer representaban la tradición patriarcal y sagrada del monarca, Hobbes y Locke representaban la entrada de la lógica contractual, donde el Estado es una creación humana para fines específicos, ya sea la seguridad absoluta o la libertad individual.
Esta evolución intelectual fue paralela al crecimiento burocrático de Francia, donde la figura del valido o favorito de principios de siglo, personificada en Richelieu y Mazarino, dio paso al gobierno personal y directo de Luis XIV, eliminando la intermediación de la alta nobleza en los asuntos de Estado.
La hegemonía francesa no fue solo militar o diplomática, sino también cultural y administrativa, exportando un modelo de corte y gobierno que sería imitado por monarquías tan diversas como la española de los Borbones o la Rusia de Pedro el Grande. No obstante, el alto coste social de este sistema, reflejado en la miseria de las clases campesinas y en el exilio de las minorías religiosas, sembró las semillas del descontento que cuestionaría la legitimidad de este orden en las décadas siguientes, marcando el fin de la era del absolutismo clásico y el inicio de la Ilustración.
En términos de estructura del Consejo del Rey durante el reinado personal de Luis XIV, existía una diferenciación clara entre los organismos de gobierno y los de administración. El Conseil d’en haut trataba los asuntos internacionales y las decisiones de paz o guerra, mientras que el Consejo de los Despachos gestionaba la correspondencia interior con gobernadores e intendentes.
El Consejo Real de Finanzas y el Consejo de Conciencia completaban la cúpula presidida por el rey, mientras que el Consejo Privado o de las Partes, bajo la presidencia del canciller, se ocupaba de la justicia civil y criminal en última instancia.
Esta especialización permitió una gestión más eficiente del vasto territorio francés, aunque siempre bajo la supervisión directa del soberano, quien a menudo tomaba decisiones al margen de estas instituciones asesorado únicamente por sus secretarios de estado.
El absolutismo se consolidó así como una tendencia expansiva y monopolizadora que, a pesar de las resistencias parlamentarias y nobiliarias, logró imponer una unidad legal y administrativa que superaba el fragmentado modelo feudal de los siglos anteriores.
| Institución / Cargo | Función Principal | Relación con el Monarca |
| Conseil d’en haut | Política exterior y alta dirección del Estado | Presidido directamente por el rey |
| Intendentes | Administración provincial y fiscal | Comisarios dependientes del poder central |
| Secretarios de Estado | Gestión sectorial (Guerra, Finanzas, Casa Real) | Funcionarios de confianza, a menudo de origen burgués |
| Parlamentos | Registro de edictos y justicia superior | Poder limitado a amonestaciones respetuosas |
| Estados Provinciales | Aprobación de impuestos locales | Reuniones espaciadas y capacidad nula de oposición |
La política mercantilista de Colbert, aunque centrada en la balanza comercial, tuvo un impacto social profundo al crear una nueva jerarquía de financieros y hombres de negocios que prestaban dinero a la corona y arrendaban el cobro de rentas, desplazando a los prestamistas extranjeros.
Esta formación de grandes fortunas autóctonas vinculadas al Estado reforzó la estructura del absolutismo, pero también petrificó las bases tributarias, ya que el sistema seguía descansando sobre el Tercer Estado mientras los nuevos grupos de poder buscaban el ennoblecimiento para gozar de exenciones.
La rigidez de este esquema, sumada a las guerras constantes, llevó a Francia a una situación de extenuación en la última década del siglo XVII, con una deuda pública disparada y una crisis demográfica que eliminó a un porcentaje significativo de la población activa. Las reformas militares de Vauban, con su sistema de paralelas y fuego de rebote, aunque eficaces en el asedio, supusieron un gasto en ingeniería defensiva que solo una monarquía con el control total de sus recursos podía sostener.
En conclusión, el absolutismo del siglo XVII no fue una forma de poder estática, sino un proceso dinámico de centralización que utilizó la filosofía política, la reforma administrativa y la fuerza militar para construir una hegemonía sin precedentes. Desde las teorías de Hobbes hasta la práctica de Luis XIV, el individuo fue sometido al Estado a cambio de una paz que, a menudo, resultaba precaria y costosa.
La construcción de la hegemonía francesa fue el resultado de la recuperación iniciada por Enrique IV, la firmeza administrativa de Richelieu y la culminación personalista de Luis XIV, un ciclo que transformó a Francia en el espejo de Europa mientras preparaba, paradójicamente, las bases intelectuales y sociales de su propia superación en la centuria ilustrada.
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